Usted no tiene habilitado JavaScript. Por favor habilitelo y recargue esta página. Estudios_presupuestales - Homenaje Postumo a Mario mejía Cardona
Obra
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Estudios Presupuestales
ISBN 978-958-48-3397-6
  • PRESENTACIÓNkeyboard_arrow_down
    Hace quince (15) años fue publicado el libro “El Laberinto Fiscal”, obra elaborada por mi esposo Mario Mejía Cardona quien buscó 3 grandes objetivos con esa obra: servir de guía a los funcionarios públicos responsables en los procesos de planeación, ejecución, seguimiento y control del presupuesto público; evidenciar las inflexibilidades del gasto público y analizar en su momento la tendencia del gasto a nivel nacional y territorial.
    Los objetivos del Laberinto Fiscal se cumplieron, siendo una obra reconocida y consultada a nivel nacional y territorial por los funcionarios públicos del país y por la Academia, quien lo ha tomado como texto de referencia para los programas de pregrado y posgrado dirigido a futuros profesionales y servidores públicos, contribuyendo a su formación.
    Es indiscutible que la experiencia de veinte años en la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en donde culminó su carrera Mario como Director General, le imprimió un sello de calidad a su obra. De manera posterior continuó con una carrera brillante de grandes responsabilidades en este país, permitiéndole asumir nuevos retos como ejecutor. Esta doble visión, la de planificador, diseñador de política pública y la de ejecutor, le permitió dar aplicación a la regulación existente y vivir su complejidad frente a las situaciones que en la práctica tienen que afrontar las entidades públicas para el cumplimiento de sus objetivos.
    Es así como surge la nueva obra “Estudios presupuestales y fiscales una compleja realidad”
    Sintiendo su vocación por lo público y la responsabilidad de compartir su conocimiento y experiencia en la materia, quiso trabajar un segundo libro que profundizara algunos conceptos tratados en el Laberinto Fiscal e incluyera otros relacionados con la problemática que vive Colombia en materia fiscal.
    Esta nueva obra fue escrita por mi esposo entre el 2013 y 2015, año en que fue su fallecimiento; aplicando el método y el rigor jurídico que lo caracterizó.
    En muchas ocasiones comentábamos de sus avances y siempre quería agregarle algo más para que quedara lo más completo posible.
    Este libro refleja su disciplina en estar siempre actualizado, leyendo y analizando las normas, las sentencias y conceptos que se producían sobre el tema. Siempre buscó en sus libros aplicar el análisis normativo y jurisprudencial a la materia presupuestal, de tal forma que quien los consultará afianzará sus conocimientos.
    La estructura de este segundo libro “Estudios presupuestales y fiscales una compleja realidad” contempla por un lado, un mayor análisis de los temas ya tratados en “El Laberinto Fiscal” tales como: Conceptos generales de presupuesto público; el Sistema Presupuestal y la estructura fiscal; principios presupuestales; ingresos y gastos Públicos; ejecución y empresas industriales y comerciales del estado y por otro, el desarrollo de nuevos temas tales como: Las Leyes Orgánicas; la creación de los gastos y de responsabilidades en el ordenamiento fiscal; El déficit fiscal y los medios utilizados para subsanarlo; la estructura del gasto público en Colombia; la autonomía en materia presupuestal y fiscal; competencia para ejecutar el presupuesto; Clasificador del presupuesto; de las operaciones de la Tesorería Nacional y de Crédito Público; el Control y Seguimiento Financiero del Presupuesto y las normas de austeridad en el gasto público.
    Esta nueva obra, desarrolla un análisis amplio de temas presupuestales y fiscales, que son fundamentales para el país y que le preocuparon siempre a mi esposo desde los distintos cargos que ocupó.
    Un ejemplo de lo aquí expuesto es el minucioso análisis que realiza sobre la estructura del gasto en Colombia, donde muestra la imposibilidad del Estado de detener el gasto, ya que no sólo deben cubrirse las necesidades claramente identificadas para garantizar el desarrollo económico y social del país sino un sinnúmero de derechos establecidos por la Constitución que desbordan la capacidad financiera y presupuestal del mismo.
    Asimismo, el libro expone un análisis amplio de las inflexibilidades del presupuesto público, la composición del gasto y las medidas de austeridad promulgadas por los diferentes gobiernos de turno; que serán siempre insuficientes frente a la magnitud real del problema.
    El análisis adelantado sobre el comportamiento de los ingresos y gastos del Presupuesto del Gobierno Central frente al PIB en los últimos veinte (20) años, pone de manifiesto un déficit estructural preocupante. En donde los gastos fijos han mantenido su participación pese a las reformas del Estado, pero la participación de las transferencias se duplicó.
    Frente a la composición del gasto, es interesante conocer que el 78% de los gastos de funcionamiento se destinan a la Seguridad Nacional, Justicia, Órganos de Control, Órganos Electorales y al Congreso de la República. Si a las transferencias se les adiciona el Sistema General de Participaciones y las pensiones el porcentaje aumenta al 92%. Lo anterior, muestra cómo el Ejecutivo no tiene posibilidades de efectuar ajustes sobre estos presupuestos dado que estos entes gozan de autonomía constitucional o legal.
    Frente a los ajustes a la Seguridad Nacional, las posibilidades han sido bajas dada la realidad que ha vivido nuestro país en los últimos cincuenta (50) años.
    Los procesos de planeación, ejecución y control del presupuesto público son transversales en cualquier entidad; el conocimiento de las normas presupuestales y fiscales no solo son responsabilidad de los ordenadores del gasto, jefes de oficinas de planeación, jefes jurídicos, jefes financieros, jefes de contratación sino también de todos aquellos funcionarios que intervienen en la formulación y ejecución de recursos públicos, así como de aquellos que hacen parte de la Rama Judicial y de las grandes Cortes del país, que imparten decisiones en materia presupuestal y fiscal.
    En la medida en que los servidores públicos y ciudadanos conozcan y manejen la normatividad en la materia, se podrán tomar mejores decisiones de gasto y exigir un mejor uso de los dineros públicos de manera eficiente y oportuna.
    Hay que buscar una eficiente asignación de los recursos públicos y garantizar que su ejecución se cumpla, ya que si bien todo recurso apropiado en el presupuesto debe tener una base legal que lo autorice, la ejecución que se desprenda para el cumplimiento de su objeto, debe igualmente cumplir con todas las normas legales vigentes que lo regulen.
    Tanto “EL LABERINTO Fiscal” como esta obra “Estudios presupuestales y fiscales una compleja realidad”, facilitan la consulta, la capacitación y el análisis sobre la materia.
    Ahora bien, la función de control no sólo es ejercida por las diferentes entidades competentes, llámense Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y Fiscalía General de la Nación, sino por la misma ciudadanía, la que cuenta desde la misma Constitución con el amparo normativo para ejercer el derecho en la priorización, seguimiento y control de los dineros públicos, paradójicamente los diversos mecanismos no son utilizados como debieran, quizás por desconocimiento de la ciudadanía o por la indiferencia de la misma a conocer, entender y verificar el cumplimiento de la ley. Así se traslada la responsabilidad en la ejecución completamente al Gobierno Nacional, cuando cada ente de control es autónomo en sus actuaciones y en sus resultados, de otra parte, la ciudadanía cuenta con el acceso libre a la información pública y la participación en espacios de representación ciudadana.
    No hay una fórmula que resuelva los diferentes problemas fiscales del país, pero es urgente que cada actor del Estado trabaje con independencia, pero con responsabilidad frente a las decisiones que toma y los efectos de las mismas. De igual forma, que la ciudadanía juegue un papel más activo en la función de veeduría de los recursos públicos, buscando siempre el beneficio general y no el particular.
    Agradezco al equipo que hizo posible la publicación de esta obra a través de la página web, segura de que servirá como texto de consulta para todas aquellas personas que deseen profundizar sobre esta compleja realidad.
    Asimismo, mis agradecimientos al doctor Mauricio Cuestas, quien adelantó la revisión de la obra siendo Director de Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación – DNP.
    La partida de Mario es una pérdida irreparable para su familia, amigos y para todas aquellas personas que lo consultaron a lo largo de su vida laboral, siempre dispuesto y atento a enseñar, orientar y resolver los problemas dentro del marco de la ley.
    Compartimos 27 años de nuestras vidas juntos, creciendo como personas, como esposos, padres y profesionales; doy gracias a Dios junto con mis hijos por habernos permitido conocer y amar a un hombre que fue excepcional.
    Su última voluntad fue la de continuar con la terminación del libro y publicarlo, voluntad que estamos cumpliendo en este momento.
    Los invito junto con mis hijos Natalia Mejía Pardo y Julián Mejía Pardo, a que conozcan y profundicen los diversos temas de esta obra, fortaleciendo el conocimiento y la toma de decisiones en los distintos espacios e instancias de decisión de nuestro país … ésta es la mejor forma de honrar su memoria.
    Gracias,
    María Teresa Pardo Camacho
    Esposa
    José Mauricio Cuestas
    Director Administrativo de la Rama Judicial
  • CAPÍTULO 01 - CONCEPTOS GENERALES SOBRE EL PRESUPUESTO PÚBLICO
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    CAPÍTULO 01 -CONCEPTOS GENERALES SOBRE EL PRESUPUESTO PÚBLICO
    • 1.1. Marco general keyboard_arrow_down
    • 1.2. Definición de presupuesto keyboard_arrow_down
    • 1.3. Definición de apropiación presupuestal keyboard_arrow_down
    • 1.4. Condición adjetiva del presupuesto keyboard_arrow_down
    • 1.5. De las disposiciones generales del presupuesto. Alcances de la ley anual de presupuesto keyboard_arrow_down
    • 1.6. Condición adjetiva del debate presupuestal keyboard_arrow_down
  • CAPÍTULO 02 - DE LAS LEYES ORGÁNICAS
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    CAPÍTULO 02 -DE LAS LEYES ORGÁNICAS
    • 2.1. Cobertura de la Ley Orgánica del Presupuesto y de los estatutos presupuestales de las entidades territoriales keyboard_arrow_down
    • 2.2. El concepto de ley orgánica. Las leyes supra orgánicas keyboard_arrow_down
    • 2.3. Características de las leyes orgánicas keyboard_arrow_down
    • 2.4. El Estatuto Orgánico de Presupuesto y la facultad de clasificar cuáles son los ingresos corrientes y cuáles son las rentas de capital keyboard_arrow_down
    • 2.5. La unidad de presupuesto y la cobertura de la ley orgánica keyboard_arrow_down
    • 2.6. La ley orgánica del presupuesto y el estatuto presupuestal de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta con régimen de empresas industriales y comerciales del Estado keyboard_arrow_down
    • 2.7. La ley orgánica puede señalar un recurso que no deba incorporarse al presupuesto. La autoridad que debe aprobar el presupuesto keyboard_arrow_down
    • 2.8. La ley orgánica puede establecer regímenes especiales keyboard_arrow_down
    • 2.9. Aprobación de la ley orgánica en diferentes leyes, sus modificaciones y temas especiales que pueden o no ser incorporados en ella. Leyes que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto y sus decretos reglamentarios keyboard_arrow_down
    • 2.10. La Ley Orgánica puede modificarse sin expedir una ley íntegramente nueva keyboard_arrow_down
    • 2.11. La Ley Orgánica puede ser reformada las veces que sea necesario keyboard_arrow_down
    • 2.12. La Ley Orgánica no puede ser modificada por una ley ordinaria keyboard_arrow_down
    • 2.13. El cumplimiento de las funciones públicas no corresponde a la Ley Orgánica del Presupuesto keyboard_arrow_down
    • 2.14. La ley orgánica puede establecer limitaciones a los gastos de funcionamiento. La ley ordinaria también lo puede hacer keyboard_arrow_down
    • 2.15. Definir las condiciones para la venta de activos no es competencia de la Ley Orgánica keyboard_arrow_down
    • 2.16. La Ley Orgánica del Presupuesto en el orden territorial keyboard_arrow_down
    • 2.17. Carácter vinculante de la Ley Orgánica del Presupuesto keyboard_arrow_down
    • 2.18. Contenido del Estatuto Orgánico del Presupuesto en las entidades territoriales y la autonomía territorial en materia presupuestal y fiscal keyboard_arrow_down
    • 2.19. Contenido del Estatuto Orgánico del Presupuesto en las entidades territoriales keyboard_arrow_down
    • 2.20. La jurisprudencia de la Corte Constitucional para las entidades territoriales en materia de normas orgánicas y la restricción de percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto keyboard_arrow_down
  • CAPÍTULO 03 - DE LOS PRINCIPIOS, COMPETENCIAS Y CONDICIONES PARA LA CREACION DE LOS INGRESOS
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    CAPÍTULO 03 - DE LOS PRINCIPIOS, COMPETENCIAS Y CONDICIONES PARA LA CREACION DE LOS INGRESOS
    Dado el carácter adjetivo del presupuesto, y en consecuencia su imposibilidad de crear ingresos, es fundamental establecer quién tiene la responsabilidad sobre la política fiscal, entendiendo por tal las decisiones sobre los ingresos, los gastos públicos y su financiamiento. Las decisiones sobre ingresos y gastos se resuelven contestando los cuatro siguientes interrogantes: 1) ¿qué autoridad puede crear el ingreso o el gasto y que límites tiene?, 2) ¿qué autoridad elabora el presupuesto de ingresos y gastos y cuál lo aprueba y qué restricciones tiene?, 3) ¿qué autoridad tiene competencia para presentar proyectos ante los cuerpos colegiados? y 4) ¿qué autoridad tiene competencia para ejecutar el presupuesto?
    Es preciso decir que únicamente el Congreso puede crear los ingresos y los gastos públicos. Por su parte las asambleas departamentales y los concejos municipales pueden hacerlo en el marco de la Constitución y la ley, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 150, numeral 11, 300, 313, 338 y 353.
    Estas competencias guardan relación con el principio democrático según el cual no podrá haber impuesto sin representación. Es la sociedad directamente o a través de quienes la representan la que puede determinar qué recursos está dispuesta a aportar para atender las necesidades comunes así como decidir cuáles considera prioritarias.
    La base legal del ingreso y del gasto no puede remitirse entonces a actos de inferior categoría, solo corresponde a la ley de la República, las ordenanzas y los acuerdos. El ingreso y el gasto siempre serán de creación expresa y formal y siempre por los mencionados cuerpos colegiados.
    No existe tal claridad cuando de definir las iniciativas en la presentación de los proyectos al cuerpo colegiado se trata, así como tampoco de las facultades que tienen estos para modificar durante su trámite los proyectos.
    • 3.1. Competencia e Iniciativa en la creación de los ingresos públicos en tiempo de paz keyboard_arrow_down
    • 3.2. La creación de tributos se sujeta a la ley. Las asambleas y concejos pueden crear ingresos no contemplados en la ley keyboard_arrow_down
    • 3.3. Condiciones para el ejercicio de las facultades impositivas keyboard_arrow_down
    • 3.4. Amnistías, exenciones y equidad tributaria keyboard_arrow_down
    • 3.5. Asuntos tributarios que pueden atribuirse al reglamento keyboard_arrow_down
    • 3.6. El principio de legalidad en materia tributaria keyboard_arrow_down
    • 3.7. Límites del Congreso en asuntos fiscales keyboard_arrow_down
    • 3.8. Elementos del tributo. Principios de reserva legal en materia fiscal y de legalidad tributaria. Proscrita la indeterminación normativa keyboard_arrow_down
    • 3.9. Hecho gravable de carácter instantáneo keyboard_arrow_down
    • 3.10. Del poder tributario del Congreso en las entidades territoriales keyboard_arrow_down
    • 3.11. Contenido de una ley tributaria que autoriza un tributo a una entidad territorial keyboard_arrow_down
    • 3.12. El Congreso puede crear, modificar y eliminar impuestos locales keyboard_arrow_down
    • 3.13. Límites de la propiedad del tributo en el orden local y requisitos que se deben seguir para afectarla keyboard_arrow_down
    • 3.14. Competencia tributaria del Congreso en tiempo de no paz. No exenciones sobre impuestos locales en estados de excepción keyboard_arrow_down
  • CAPÍTULO 04 - DE LA CREACIÓN DE LOS GASTOS Y DE LAS RESPONSABILIDADES EN EL ORDENAMIENTO FISCAL
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    CAPÍTULO 04 -DE LA CREACIÓN DE LOS GASTOS Y DE LAS RESPONSABILIDADES EN EL ORDENAMIENTO FISCAL
    • 4.1. Iniciativa en la creación de los gastos públicos keyboard_arrow_down
    • 4.2. Distribución de competencias entre el Congreso y el Gobierno en materia fiscal. La ley que crea el ingreso y el gasto y la ley presupuestal keyboard_arrow_down
    • 4.3. Las leyes no pueden ordenar al Gobierno la incorporación al presupuesto keyboard_arrow_down
    • 4.4. La ley que crea el gasto no puede dejar su destinación a discreción del Gobierno keyboard_arrow_down
    • 4.5. La ley que crea el gasto y la ley presupuestal keyboard_arrow_down
    • 4.6. Proyectos de ley que crean gasto de iniciativa exclusiva del Gobierno keyboard_arrow_down
    • 4.7. La creación del gasto y la existencia del ingreso keyboard_arrow_down
    • 4.8. De la creación del gasto en las disposiciones generales del presupuesto keyboard_arrow_down
    • 4.9. La competencia para elaborar el presupuesto es exclusiva del Gobierno keyboard_arrow_down
    • 4.10. Competencias al interior del Gobierno para elaborar el presupuesto. El papel del Departamento Nacional de Planeación y de las oficinas de planeación keyboard_arrow_down
    • 4.11. Concurrencia del Gobierno y el Congreso en la formación y la expedición del presupuesto keyboard_arrow_down
    • 4.12. La iniciativa de presentar el proyecto de presupuesto y las modificaciones durante el debate keyboard_arrow_down
    • 4.13. Responsabilidad en el ordenamiento fiscal keyboard_arrow_down
    • 4.14. Participación de la Corte Constitucional en el proceso presupuestal keyboard_arrow_down
    • 4.15. Los efectos de las decisiones jurisprudenciales en materia de gasto público keyboard_arrow_down
    • 4.16. Decisiones de la Corte Constitucional que han creado gasto. Algunas decisiones de la Corte Constitucional que le dan un vuelco a la responsabilidad en el ordenamiento fiscal keyboard_arrow_down
    • 4.17. Algunas restricciones de orden constitucional en materia de gasto público y decisiones de la Corte Constitucional keyboard_arrow_down
    • 4.18. El principio de progresividad y las restricciones presupuestales. Restricciones para disminuir el gasto público social keyboard_arrow_down
    • 4.19. Mecanismos de responsabilidad fiscal. La sostenibilidad fiscal, el incidente fiscal, los derechos fundamentales y las disponibilidades presupuestales keyboard_arrow_down
    • 4.20. Decisiones del Consejo de Estado que invaden competencias de otras autoridades. Acciones de cumplimiento y acciones populares keyboard_arrow_down
    • 4.21. Resumen de los responsables del ordenamiento fiscal keyboard_arrow_down
  • CAPÍTULO 05 - DE LOS SISTEMAS PRESUPUESTALES Y LA ESTRUCTURA FISCAL
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    CAPÍTULO 05 -DE LOS SISTEMAS PRESUPUESTALES Y LA ESTRUCTURA FISCAL
    ANÁLISIS DE CONTEXTO
    De la Dirección de la Economía
    La Dirección de la Economía le corresponde al Estado, a través de las facultades atribuidas por la Constitución Política al Congreso de la República y al Gobierno Nacional.
    En efecto, el Congreso puede expedir las leyes mediante las cuales se regula el proceso de intervención económica, la explotación de los recursos naturales, el uso del suelo, la producción, distribución y utilización de bienes, los servicios públicos y privados; las leyes que buscan dar pleno empleo a los recursos humanos, el acceso efectivo a los bienes y servicios básicos; las leyes que buscan la productividad y competitividad y desarrollo armónico de las regiones; la ley sobre la regulación de la moneda que rige el Banco de la República; la ley que regula las actividades relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público; las leyes que regulan las actividades financiera, bursátil y aseguradora, la política comercial, los aranceles, tarifas y el régimen de aduanas; las leyes que organizan el crédito público, las normas orgánicas del presupuesto y del plan general de desarrollo, las aprobaciones del Presupuesto anual y del Plan de Desarrollo cuatrienal.
    A su vez el Gobierno tiene también expresas facultades sobre la economía a través de la expedición del Plan de Desarrollo y el presupuesto anual; si el Congreso no los expide en los plazos establecidos en la Constitución, se pueden desarrollar mediante decreto las leyes marco, ejercer la inspección, vigilancia y control a través de las superintendencias, fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos y decretar el estado de emergencia económica, social y ecológica.
    Para una mayor precisión se transcribe la parte pertinente de la Sentencia C-22 de 2004 de la Corte Constitucional que se refiere específicamente a estos aspectos:
    “La dirección General de la Economía le corresponde al Estado.
    Conforme a lo dispuesto por el artículo 334 de la Constitución Política al Estado corresponde la dirección de la economía, lo que significa que ésta no queda a merced de lo que pueda suceder en la sociedad, sino que precisamente para alcanzar las altas finalidades que le competen al Estado para “promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”, así como para “asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo” que impone el artículo 2º de la Carta al Estado Colombiano, la economía requiere que su dirección general se lleve a cabo por el Estado.
    En ese orden de ideas es claro que el Congreso de la República en la Constitución de 1991 mantiene la función de dictar mediante leyes las normas conforme a las cuales ha de llevarse a efecto esa intervención en la economía. El artículo 150, numeral 21 de la Constitución exige que tales leyes regulen de manera precisa la forma como el Estado habrá de intervenir en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de bienes, al igual que en los servicios públicos y privados, con el propósito de “racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano”, como expresamente se señala en el artículo 334 de la Carta Política. Además, en esta norma se le impone al Estado el deber de intervenir, “de manera especial” para “dar pleno empleo a los recursos humanos” y asegurar a todos, particularmente a quienes tienen menores ingresos, un “acceso efectivo a los bienes y servicios básicos”, intervención que se extiende a la promoción de la productividad y competitividad, al igual que a buscar que las distintas regiones de Colombia alcancen un “desarrollo armónico”.
    Al Congreso de la República lo invistió la Constitución de 1991 de atribuciones amplias para la regulación de la economía. Así se desprende, por ejemplo, de la función de regulación de la moneda que le atribuye el artículo 150, numeral 3º de la Carta; de la atribución para dictar la ley a la que deberá ceñirse el Banco de la República para el ejercicio de sus funciones, según lo dispuesto en el artículo 372 de la Constitución; de la función de expedir la ley para la regulación de las actividades relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público y de la facultad de regular las actividades financiera, bursátil y aseguradora, señalada en el artículo 150, numeral 19, literal d) de la Constitución; de la atribución de regular la política comercial, los aranceles, tarifas y de expedir el régimen de aduanas (artículo 150, numeral 19, literal c); de la atribución para expedir la ley de organización del crédito público (norma citada literal a).
    A las funciones señaladas, ha de agregarse que al Congreso de la República se le asigna por la Carta Política, como una competencia legislativa propia la de expedir el presupuesto nacional, así como la ley del Plan de Desarrollo y, además, la de dictar las leyes orgánicas a las cuales deben sujeción la expedición de la Ley Anual de Presupuesto y la Ley del Plan, estas últimas por expreso mandato del artículo 151 de la Constitución Política.
    De esta manera queda establecido por el Constituyente que el Congreso de la República, como órgano de representación popular tiene asignadas funciones específicas en la intervención del Estado en la dirección de la economía.
    Con todo, el Presidente de la República no se encuentra ausente de la intervención que le compete al Estado en la dirección de la economía. Al contrario, la Constitución Política en el artículo 341 lo autoriza para expedir mediante decreto el Plan Nacional de Inversiones Públicas si el Congreso no lo expide en un término de tres meses después de presentado, decreto que tendrá por ministerio de la Constitución, “fuerza de ley”. Del mismo modo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 348 y 349 de la Carta preceptúa que si el Congreso no expide la Ley de Presupuesto Nacional, rige entonces el que hubiere sido presentado por el Gobierno dentro de los términos señalados en la Constitución. Igualmente, tiene atribución el Presidente de la República, en ejercicio de la potestad que para el efecto le otorga el artículo 189 de la Carta para expedir decretos que desarrollen las leyes marco y, además, ejerce importantes facultades de inspección y vigilancia a través de las Superintendencias, según lo preceptuado por el artículo 189 de la Constitución.
    Adicionalmente, el Presidente de la República, con sujeción a la ley que el Congreso dicte conforme al artículo 150, numeral 19, literal e), en cuanto hace relación al régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso y de la fuerza pública, puede luego dictar anualmente los decretos correspondientes.
    A todo lo anterior, ha de agregarse que dentro de los estrictos límites que se le señalan por el artículo 215 de la Constitución, el Presidente de la República, con la firma de todos sus ministros tiene atribución para declarar el estado de emergencia económica, social y ecológica por períodos hasta de 30 días en cada caso, sin que pueda exceder de 90 días en el año calendario, declaración que le permite dictar decretos legislativos, sujetos al control automático de la Corte Constitucional.”
    Contexto macroeconómico
    Para una mejor comprensión de la utilidad del plan financiero se debe partir de la ecuación económica básica 2361:
    S - I = (G + TR – T) + XN (10)
    S = Representa el ahorro del sector privado.
    I = Gasto de inversión del sector privado.
    G = Compras de bienes y servicios del sector público
    TR = Transferencias del sector público al sector privado.
    T = Todos los impuestos.
    XN = Exportaciones Netas de bienes y servicios (Exportaciones menos Importaciones).
    G + TR – T = Déficit presupuestario público. Es la diferencia entre el gasto del Estado y sus ingresos.
    G + TR = Gasto público total
    Concluyen Dornbusch y Fischer:
    “Así pues, la identidad (10) establece que la diferencia entre el ahorro y la inversión (S – I) del sector privado es igual al déficit presupuestario público más el superávit comercial. La identidad sugiere – correctamente - que existen importantes relaciones entre el exceso del ahorro privado sobre la inversión (S – I), el presupuesto del Estado (G + TR – T) y el sector exterior”.
    Si se parte de la ecuación básica de Dornbusch y Fischer, se establece que los resultados de los ingresos y gastos del sector privado y del sector público son iguales al resultado del sector externo así:
    S – I + T – G – TR = XN
    Es importante hacer notar que, para efectos económicos, el sector público es uno solo, no importa si es nacional o local, central o descentralizado, y si es dependiente o autónomo.
    Esta precisión es muy importante para entender el contexto en el cual son las autoridades fiscales las que definen las metas financieras y adoptan las decisiones de reasignar los excedentes de los entes públicos, así en ocasiones estos crean que son de su exclusiva pertenencia.
    El monto total del gasto público afecta directamente al sector privado y al sector externo. A su vez, el monto de la inversión de una entidad estatal restringe la inversión de las demás. Este razonamiento es independiente de si la entidad dispone o no de los recursos, pues desde el punto de vista económico el concepto de ingresos del Estado también es uno solo.
    En la cuenta corriente de la balanza de pagos se contabiliza el comportamiento del sector externo y su resultado es el equivalente al XN de la ecuación que se viene analizando.
    Por su parte, la cuenta de capital contabiliza los recursos con los cuales se financia el déficit o se invierten los excedentes. Dentro de ese financiamiento del déficit se incluyen los recursos que el sector externo le presta al sector público.
    La balanza de pagos permite conocer cuál es el comportamiento de las reservas internacionales, uno de los elementos fundamentales para determinar la base monetaria y los nexos de las políticas cambiaria y monetaria.
    En conclusión, para adquirir préstamos en el exterior el Estado debe evaluar no solamente el comportamiento de la balanza de pagos para determinar los efectos cambiarios de la decisión, sino la posibilidad de que los prestamistas internacionales estén dispuestos a otorgarlos, de acuerdo con la capacidad de endeudamiento y las perspectivas de la economía. Esta es una de las más importantes restricciones al tamaño del superávit o déficit del Estado.
    La base monetaria es el indicador básico que permite comprobar directamente las relaciones del sector público, el sector privado y el sector externo. En efecto, el aumento o disminución de las reservas internacionales aumenta o disminuye la base monetaria de acuerdo con los mecanismos para adquisición de estas definido por el Banco de la República y en ocasiones con los montos acordados con el Fondo Monetario Internacional. De la misma forma, la base monetaria aumenta o disminuye con el aumento o disminución del crédito al sector privado y al sector público.
    Como la base monetaria es un pasivo sólo del Banco de la República, es necesario incorporar a los bancos creadores de dinero en la definición de los cupos del crédito interno tanto al sector público como al sector privado. Como estos cupos están estrechamente relacionados con el comportamiento de las reservas internacionales y las expectativas de crecimiento económico, no son autónomos, y en consecuencia el Estado tiene una segunda y definitiva restricción para financiar su déficit o decidir sobre su superávit.
    La determinación y evaluación de las políticas cambiaria y monetaria le corresponde a la Junta Directiva del Banco de la República en coordinación con la política económica general, que es responsabilidad del Gobierno, conforme se puede corroborar en la Sentencia de la Corte Constitucional C-481 de 1999:
    “A pesar de su aparente fuerza, la Corte considera que el anterior argumento no es de recibo, por cuanto ese mandato afecta la autonomía de la Junta y, sobre todo, desconoce la coordinación entre las funciones de esa entidad y (sic) política económica general, cuya responsabilidad básica corresponde al Gobierno.” (…)
    Por su parte el artículo 20 del Estatuto Orgánico del Presupuesto obliga al Gobierno a hacer compatible el presupuesto con las metas macroeconómicas.
    En conclusión, el plan financiero se elabora para entrelazar las proyecciones cambiarias y monetarias con las fiscales y establecer los efectos sobre las perspectivas económicas.
    En la citada sentencia, la Corte Constitucional también se ocupó de las relaciones que deben existir entre la política fiscal y las demás variables económicas. Dice así la parte pertinente de la Sentencia C-481 de 1999:
    “Así, las decisiones monetarias, que corresponden al Banco, pueden tener efectos muy importantes sobre el empleo y el crecimiento económico, en especial en el corto plazo, mientras que, la política fiscal, que corresponde esencialmente al Gobierno, puede a su vez tener una gran influencia sobre la estabilidad en los precios. A su vez, la tasa de cambio, que se encuentra fuertemente influida por las decisiones del Banco, como autoridad cambiaria que es, constituye una variable estratégica, no sólo en relación con los fenómenos monetarios y la inflación, sino que tiene también un influjo decisivo sobre las estrategias de desarrollo, y en especial sobre la evolución de la balanza comercial y de la dinámica de endeudamiento externo. Así, una sobrevaluación de la moneda disminuye la competitividad de las exportaciones, estimula las importaciones y favorece a quienes se encuentran endeudados en divisas, mientras que las devaluaciones tienen el efecto contrario: favorecen las exportaciones, desestimulan las importaciones y hacen más gravosa las deudas en divisas. Finalmente, el nivel de la tasa de interés, que se ve fuertemente condicionado por las decisiones de la Junta del Banco de la República, tiene también efectos muy importantes sobre las dinámicas de inversión, por lo cual su impacto sobre el crecimiento y el empleo es también considerable. (…)
    Como es obvio, el mandato de coordinación con la política económica general que recae sobre el Banco de la República tiene una contrapartida, y es la siguiente: las otras autoridades económicas, y en especial el gobierno, en ejercicio de sus funciones, tampoco pueden ser indiferentes frente a la defensa del poder adquisitivo de la moneda. En efecto, la Carta radica primariamente la función de conservar la estabilidad en los precios en el Banco de la República, pero no se trata de una responsabilidad exclusiva de esa entidad sino que corresponde a todo el Estado (CP art. 373). En otras palabras, el deber de mantener la capacidad adquisitiva de la moneda no sólo se predica de la autoridad monetaria, crediticia y cambiaria, esto es de la Junta del Banco de la República, sino también de quienes tienen responsabilidades en la formulación y ejecución de la política económica general del país.“
    Los conceptos descritos son fundamentales para entender el contexto en el que se desenvuelve el presupuesto; sin embargo, su aplicación enfrenta serias dificultades, que se inician con las verdaderas facultades de las autoridades para controlar la política fiscal.
    La primera restricción la establece la misma definición de la ecuación económica básica en la que el sector público es uno sólo, sin importar los niveles de autonomía que existan a su interior. El ordenamiento fiscal en Colombia se caracteriza precisamente por la autonomía —que raya en ocasiones con la soberanía— de la mayor parte de los órganos públicos.
    La segunda restricción y tal vez ahora la más importante es la consagración del gasto ilimitado a través de la reforma del artículo 334 de la Constitución sobre la sostenibilidad fiscal. En dicho artículo se consagra que ninguna autoridad podrá desconocer un derecho fundamental so pretexto de invocar la sostenibilidad fiscal. La Corte Constitucional ya había dejado un extenso precedente jurisprudencial sobre la prevalencia de los derechos fundamentales sobre las disponibilidades presupuestales y en las sentencias sobre la sostenibilidad fiscal consideró todos los derechos constitucionales como fundamentales.
    De la misma forma la creación de los ingresos y especialmente de los gastos públicos está inmersa en una compleja gama de responsabilidades cruzadas entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial que impiden su coherente determinación.
    También debe tenerse en cuenta que los ingresos y los gastos públicos son creados por el Congreso, las asambleas y los concejos y que la inclusión de ellos en el plan financiero es en consecuencia obligatoria.
    Estos elementos dejan claro que el plan financiero, en lugar de ser un elemento de definición de la política fiscal, se convierte en la práctica en una simple cuantificación, que hace evidente la impotencia de la autoridad fiscal que, movida por la necesidad de garantizar la coherencia macroeconómica, logra sus objetivos desconociendo obligaciones del Estado, aplazando su pago o estableciendo metas que a muy corto plazo son fáciles de cumplir pero que se reproducen agravadas en el mediano y largo plazo.
    En este contexto institucional en el que las autoridades administrativas tienen tan poca capacidad de control en la creación del gasto público, realmente sorprende la expedición de la ley que consagra la regla fiscal y establece unas metas de déficit fiscal de obligatorio cumplimiento para el Gobierno Nacional central.
    • 5.1. El sistema presupuestal general keyboard_arrow_down
    • 5.2. Sistema Presupuestal de Regalías keyboard_arrow_down
    • 5.3. Sistema presupuestal de los fondos de desarrollo local de las localidades de los distritos especiales keyboard_arrow_down
  • CAPÍTULO 06 - DE LOS PRINCIPIOS PRESUPUESTALES
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    CAPÍTULO 06 -DE LOS PRINCIPIOS PRESUPUESTALES
    Los principios presupuestales se deben entender como los derroteros básicos a partir de los cuales se desenvuelve la actividad presupuestal. Son de obligatorio cumplimiento mientras no se esté frente a una excepción consagrada en la Constitución, en la ley o en la jurisprudencia de la Corte Constitucional o de lo Contencioso Administrativo.
    En efecto, la Constitución Política, la jurisprudencia y la misma ley se han encargado de establecer algunas excepciones a los principios del presupuesto, como el establecimiento de rentas de destinación específica que niegan el principio de unidad de caja, los alcances de la inembargabilidad que inicialmente se consagra pero que, como se verá más adelante, finalmente se permite, los alcances contradictorios de los principios de universalidad y de equilibrio presupuestal.
    Estas excepciones han llevado a que algunos expertos se pregunten sobre la utilidad de mantenerlos en el Estatuto Orgánico del Presupuesto.
    No obstante, la existencia de cada uno de los principios le permitirá al programador, al ejecutor y al evaluador dirimir las dudas basándose en los derroteros que estos le proporcionan. Cuando la norma no establece con claridad el uso o destino del recurso, la remisión al principio se torna fundamental. En cada uno de ellos se podrá ver la utilidad de esta afirmación.
    De acuerdo con la ley orgánica, los principios son: la planificación, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, la inembargabilidad, la coherencia macroeconómica y la homeostasis presupuestal. A estos principios podría agregarse el de la unidad de presupuesto, el de legalidad y el de equilibrio presupuestal. A continuación se analiza cada uno de ellos.
    • 6.1. Principio de planificación keyboard_arrow_down
    • 6.2. Principio de anualidad keyboard_arrow_down
    • 6.3. Del principio de universalidad keyboard_arrow_down
    • 6.4. De la unidad de caja y de las rentas con destinación específica keyboard_arrow_down
    • 6.5. Unidad de presupuesto keyboard_arrow_down
    • 6.6. Principio de legalidad keyboard_arrow_down
    • 6.7. Principio de programación integral keyboard_arrow_down
    • 6.8. Principio de especialización keyboard_arrow_down
    • 6.9. Principio de inembargabilidad keyboard_arrow_down
    • 6.10. Principio de la coherencia macroeconómica keyboard_arrow_down
    • 6.11. Principio de sostenibilidad y estabilidad fiscal keyboard_arrow_down
    • 6.12. Del equilibrio presupuestal keyboard_arrow_down
  • CAPÍTULO 07 - DE LOS INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTALES. EL TESORO PÚBLICO. RECURSOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS POR PARTICULARES
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    CAPÍTULO 07 -DE LOS INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTALES. EL TESORO PÚBLICO. RECURSOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS POR PARTICULARES
    • 7.1. Ingreso presupuestal keyboard_arrow_down
    • 7.2. Gasto presupuestal keyboard_arrow_down
    • 7.3. ¿Qué se debe presupuestar? De las donaciones en dinero y en especie keyboard_arrow_down
    • 7.4. Del tesoro público y de los ingresos y recursos públicos keyboard_arrow_down
    • 7.5. De los recursos públicos administrados por los particulares keyboard_arrow_down
  • CAPÍTULO 08 - DE LOS RECURSOS PRODUCTO DE LA SOBERANÍA DEL ESTADO. DEL CONCEPTO DE CARGAS PÚBLICAS
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    CAPÍTULO 08 -DE LOS RECURSOS PRODUCTO DE LA SOBERANÍA DEL ESTADO. DEL CONCEPTO DE CARGAS PÚBLICAS
    La soberanía del Estado en materia de obtención de recursos públicos se ejerce a través de la imposición de contribuciones fiscales o parafiscales, las contraprestaciones económicas o compensaciones que se pacten en la explotación de recursos naturales no renovables a que se refiere el artículo 360 de la Constitución Política y los arbitrios rentísticos que con finalidades de interés público o social establezca la ley, en virtud de lo previsto en el artículo 336 de la Constitución Política.
    Sentencia C-437 de 2011:
    6.2 La jurisprudencia constitucional ha diferenciado tres tipos de gravámenes: (i) los impuestos; (ii) las tasas y (iii) las contribuciones. Cada uno de estos tipos de gravámenes presenta una naturaleza y características especiales y diferenciables entre sí, no obstante que los tres son expresión de la potestad impositiva del Estado. 606 (…)
    6.3.15 En ocasión más reciente, la sentencia C-155 de 2003607 distinguió entre las diversas acepciones del término “contribución”:
    En sentido lato comprende todas las cargas fiscales al patrimonio privado soportadas en la potestad tributaria del Estado608 , es decir, incluye las nociones de impuesto, tasa, gravamen y los conceptos similares, todo lo cual responde a la tradición histórica acogida en el derecho colombiano y que en ocasiones se denomina genéricamente como “tributo”.
    En sentido estricto las contribuciones están asociadas a la idea de parafiscalidad, como aquellos “pagos que deben realizar los usuarios de algunos organismos públicos, mixtos o privados, para asegurar el funcionamiento de éstas entidades de manera autónoma”. 609 Desde esta perspectiva resulta incompatible con los conceptos de tasa e impuesto.
    Finalmente, existe un tercer significado del término que responde a la idea de contraprestación o pago como consecuencia de una inversión que beneficia a un grupo específico de personas. Cuando el vocablo se utiliza en este sentido lo usual es hacer referencia a una “contribución especial”.” (Negrilla fuera del original)
    Sentencia C-220 de 2011:
    2.5.1.1
    Dada la complejidad de la protección y conservación del agua, así como de los ecosistemas asociados a ella, las actividades que involucran el uso del recurso están sujetas no sólo a los principios constitucionales generales, sino también a los principios propios del derecho ambiental como el de solidaridad, humildad, “el que contamina paga”, precaución y prevención, entre otros, que han sido elevados por la Carta de 1991 a rango constitucional.
    El principio de solidaridad, exige entender la responsabilidad en materia ambiental no solamente en relación con las generaciones presentes, sino también en relación con las futuras, y no solamente en relación con los ciudadanos de un Estado, sino en un contexto global. 610 Una de las manifestaciones de este principio es la adopción constitucional del modelo de desarrollo sostenible611 (artículo 80), según el cual las demandas del desarrollo económico deben conjugarse con la protección del ambiente tanto para las generaciones presentes como para las futuras612 , lo que significa que las actividades económicas actuales no deben “(…) sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad productiva”613
    El principio de humildad, de otro lado, obliga a comprender que el ser humano es dependiente de la naturaleza, de modo que la naturaleza no puede ser entendida como una simple fuente de recursos dominada por el hombre, sino como un sistema complejo en el que el hombre interactúa con otros agentes y del que depende para vivir. 614 En este contexto, tanto el hombre como la naturaleza tienen valor a la luz de la Carta. Una manifestación de este principio es la introducción del concepto de función ecológica de la propiedad (artículo 58).
    Según el principio “el que contamina paga”, las personas responsables de una contaminación deben pagar los costos de las medidas necesarias para prevenirla –cuando sea posible, mitigarla y reducirla. 615 Con este principio se busca entonces no solamente reducir la polución, sino incentivar el diseño de tecnologías amigables con el ambiente y que reduzcan el impacto ambiental de las actividades industriales. (…)
    2.6.2
    Así, como reconoció la Corte en la sentencia C-495 de 1996, el uso de instrumentos económicos en la Ley 99 como tasas retributivas, compensatorias y por uso de agua e inversiones forzosas para la recuperación y protección de las cuencas, persigue evitar la contaminación en niveles insoportables e irremediables. La Corte expresó lo siguiente en dicho fallo en relación con la función de las tasas ambientales previstas en la Ley 99: “(…) las tasas ambientales previstas en las disposiciones acusadas son un instrumento económico fundamental para precaver la contaminación en niveles insoportables e irremediables y para proceder a pagar la descontaminación.” (…)
    2.7.1.3
    De otro lado, la reglamentación de las cargas públicas creadas por el Legislador está sometida al principio de legalidad, lo que significa que el reglamento, en términos amplios, debe ser una concreción administrativa de los elementos centrales que hayan sido previamente definidos en la ley, lo que constituye una exigencia técnica para su debida ejecución. 616 En consecuencia, pese a que la definición de los elementos básicos de las cargas públicas es responsabilidad del Legislador, la Constitución ha reservado un espacio importante de acción al reglamento. (…)
    2.7.1.5
    Ahora bien, incluso en esos ámbitos en los que la reserva de ley es más estricta, la Corte ha admitido que excepcionalmente se delegue al reglamento el desarrollo de ciertos asuntos, particularmente aquellos de naturaleza técnica. Por ejemplo, en materia tributaria, la Corte ha manifestado que es posible asignar al reglamento la responsabilidad de precisar los elementos de la obligación tributaria –no su definición, cuando existan razones de orden técnico o administrativo que lo hagan indispensable. Sobre este punto la Corporación expresó lo que sigue en la sentencia C-597 de 2000617 :
    “(…) resultaría contrario a la técnica del procedimiento tributario exigir que la ley, el acuerdo o el reglamento, más allá de la fijación de la base de cobro del gravamen, entren a detallar en cada caso concreto la suma sobre la cual el mismo habrá de liquidarse618 , ya que en esta operación deben tenerse en cuenta variables económicas que escapan al rigorismo propio de esos actos jurídicos y a la determinación política del tema, lo cual se encuadra dentro del principio de legalidad tributaria que establece el artículo 338 de la Carta Política.”
    Un recuento de los casos en los que la Corte ha considerado ajustado a la Carta que la delimitación de ciertos elementos de la obligación tributaria se delegue al reglamento fue presentado por la Sentencia C-690 de 2003619 así:
    “De este modo, la Corte ha admitido la remisión al reglamento o a la administración entre otros casos, en normas que tienen que ver con la certificación del precio de la panela620 , la fijación del precio de los productos agropecuarios como punto de partida para establecer la tarifa de las contribuciones parafiscales aplicables621 , las exenciones del IVA implícito para la importación de bienes cuando exista insuficiencia de oferta622 , la determinación de los parámetros para la fijación, y la fijación, del índice de bursatilidad de las acciones623 , la valoración de activos patrimoniales624 y el avalúo catastral625 .”
    En esta misma decisión, la Corte concluyó que “(…) el rigor del principio de legalidad se aplica a la determinación política de los elementos del tributo, y que de tal rigor escapan ciertas variables técnicas o económicas cuya concreción no es posible realizar en la misma ley” (negrilla fuera del texto). (…)
    2.7.1.7
    En suma, en virtud de los principios de reserva de ley y legalidad, corresponde al Legislador definir los elementos básicos de las cargas públicas que se desprenden de los deberes constitucionales, sin perjuicio de la posterior especificación por las autoridades administrativas, quienes gozan de un amplio margen de configuración en la materia. (…)
    2.8.1.1
    Mediante el Decreto Ley 2811 de 1974 –Código de Recursos Naturales- se crearon varias cargas pecuniarias dirigidas a financiar la política ambiental y promover el uso racional del agua. En particular, en materia de agua, este cuerpo normativo introdujo en la legislación nacional las tasas retributivas, compensatorias y por uso de agua. Los artículos 18 y 19 del código, bajo el título de tasas retributivas de servicios ambientales, hacían referencia a las tasas retributivas y compensatorias dirigidas a quienes utilizan de manera directa o indirecta los ríos, arroyos, lagos y aguas subterráneas para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, y cuyo recaudo retribuía a las autoridades ambientales por el servicio de eliminación o control de las consecuencias de aquellas actividades nocivas. Por su parte, los artículos 158 y 159 introdujeron las tasas por utilización del agua, otro gravamen pecuniario exigible a quienes usaran el agua con fines lucrativos y cuya tarifa dependía del volumen de agua concedido y el volumen de material de arrastre otorgado en la respectiva concesión o permiso. El producto del recaudo de estos gravámenes, en los términos del código, debía destinarse a la protección y renovación de los recursos acuíferos.
    La Ley 99 de 1993 modificó la regulación de estas tasas de la siguiente forma: (i) definió el sistema y método a partir del cual las autoridades ambientales deberían definir las tarifas; (ii) incluyó dentro de los hechos gravados no solamente las actividades lucrativas, sino todas las que involucran el uso del recurso y generan contaminación; y (iii) en relación con la tasa por uso de agua, eliminó los criterios de fijación de la tarifa de volumen de concesión y volumen de arrastre.
    Adicionalmente, la Ley 99 introdujo una nueva carga por el uso del agua en el parágrafo del artículo 43 que consiste en una inversión forzosa de al menos un 1% del valor de la inversión de los proyectos que utilizan agua, y cuyo destino es la realización por parte del inversionista de actividades de recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica de la que se toma el agua, bajo la supervisión de la autoridad ambiental. (…)
    2.8.2
    La naturaleza y los elementos de la inversión forzosa prevista en el parágrafo 1º del artículo 43 de la Ley 99 de 1993
    2.8.2.1
    De acuerdo con el texto del parágrafo 1° del artículo 43 de la Ley 99 en concordancia con el artículo 16 de la Ley 373, y sin tener en cuenta la reglamentación del Decreto 1900 de 2006, los elementos básicos de la carga demandada son los siguientes: (i) El obligado es el propietario de un proyecto que involucra en su ejecución el uso de agua tomada directamente de fuentes naturales, para consumo humano, recreación, riego o cualquier otra actividad industrial o agropecuaria, y que requiere para su desarrollo de licencia ambiental. (ii) La causa de la carga es el uso de agua tomada directamente de una fuente natural. (iii) El valor de la obligación es “no menos del 1% del total de la inversión”. (iv) La base a la que se aplica ese porcentaje es el valor de la inversión. (v) La forma de cumplimiento es la realización de obras y acciones de recuperación, preservación y conservación de la cuenca, de conformidad con el plan de manejo de la cuenca y las instrucciones de la autoridad ambiental respectiva.
    2.8.2.2
    Teniendo en cuenta estas características y como precisó esta Corporación en la sentencia C-495 de 1996626 , el parágrafo del articulo 43 de la Ley 99 prevé “(…) una carga social que [se] desprende de la función social de la propiedad” (negrilla fuera del texto) y no de una obligación tributaria “(…) porque no se establece una relación bilateral entre un sujeto activo y un sujeto pasivo, pues, según el parágrafo aludido, es la propia persona la [que] ejecuta las obras y acciones de recuperación, preservación y conservación de la cuenca hidrográfica, bajo la orientación de la autoridad ambiental, a través de la licencia ambiental del proyecto.”
    En efecto, la obligación prevista en la disposición acusada no comparte las características de los tributos, tal como son entendidos por la Constitución en el artículo 338 y por la jurisprudencia constitucional. Los tributos son una modalidad de ingreso público, fruto del poder de imperio del Estado, creados por el Legislador en tanto cargas públicas, y destinados a atender los gastos que corresponden al Estado en ejercicio de sus funciones. Como ingresos públicos, se caracterizan por incrementar actual o potencialmente el patrimonio público.
    Aunque en el caso de la obligación bajo examen la autoridad ambiental debe impartir instrucciones sobre el tipo de obras y actividades que debe desarrollar el obligado para la recuperación, preservación y conservación de la cuenca hidrográfica, esta relación de supervisión, vigilancia y control no la convierte en sujeto activo de la obligación, pues las actividades que realiza el obligado no incrementan actual o potencialmente su patrimonio. Por esta razón, en la sentencia C-495 de 1996, la Corte afirmó que el parágrafo impugnado no prevé una relación bilateral y por ello no puede atribuírsele naturaleza tributaria. Se trata de una carga pública en la modalidad de inversión forzosa. (…)
    2.8.3.3
    El demandante cuestiona que la disposición establezca solamente el piso de la tarifa y no el techo, lo que en su sentir permite que las autoridades ambientales fijen tarifas muy superiores al 1% de la inversión sin justificación y con consecuencias casi confiscatorias.
    La Sala recuerda que en materia de cargas públicas que no constituyen tributos no hay lugar a una aplicación tan rigurosa de los principios de reserva de ley y legalidad, de modo que es posible reservar un espacio de mayor discrecionalidad a la autoridad encargada de concretar la obligación. (…)
    2.8.3.4
    El cargo del demandante de falta de precisión de la tarifa va de la mano con el formulado por uno de los intervinientes en el sentido de que el Legislador debía fijar el sistema y método al que debe sujetarse la Administración para reglamentar la tarifa de la carga. Al respecto, la Sala precisa que esta obligación legislativa fue contemplada por el constituyente exclusivamente en materia de tasas y contribuciones especiales como modalidades de tributos, como se pasa a analizar:”
    Sentencia C-307 de 2009:
    6. Los gravámenes en el sistema constitucional
    Constitucionalmente627 el sistema fiscal comprende tres clases de gravámenes: los impuestos, las tasas y las contribuciones. Cada uno de ellos cuenta con características propias que impiden su asimilación, tal como lo ha precisado la Corte Constitucional.
    Sentencia C-870 de 2003:
    6. Sobre el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado.
    El artículo 95 superior establece a cargo de todas las personas –naturales y jurídicas- varios deberes, entre los cuales se registra el de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Denotándose en el umbral un manifiesto reconocimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas, que tiene lugar en ámbitos tales como el del tributo, el de las restricciones, gravámenes y expropiación de la propiedad, y correlativamente, en el de la responsabilidad patrimonial del Estado.
    La vida en sociedad implica derechos y deberes de ejercicio mutuo en orden al desarrollo y evolución de unas adecuadas relaciones de convivencia, de bienestar social, de cualificación humana y de unidad nacional. Los derechos y los deberes se hallan vinculados a referentes de contenido económico, dadas unas circunstancias de prosperidad y de carencia, tanto de unas personas frente a otras, como en relación con la organización y funcionamiento del Estado, quien para el logro de sus fines requiere de inmensos recursos financieros, tecnológicos, operativos y de talento humano. Por lo demás, todo Estado, para su organización y funcionamiento, no puede prescindir del aporte tributario y extratributario de sus habitantes, a cuyos efectos puede exigírsele a cada cual según su capacidad económica. Es pues, un asunto de solidaridad que atañe a todas las personas y al Estado mismo, del cual ellas forman parte integral.
    En cuanto al deber constitucional de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad, dijo en sentencia C- 261 de 2002 esta Corte:
    Si bien es cierto nuestro ordenamiento constitucional le confiere a los ciudadanos en general una amplia gama de derechos y garantías, también es incuestionable que la misma Carta establece para ellos una serie de deberes y obligaciones que se encuentran determinados en el artículo 95 de la Constitución, con el objeto de lograr una convivencia social conforme a los valores y principios contenidos en las normas superiores, imperativo constitucional que debe entenderse no como una negación o restricción de las garantías que le asisten a las personas y a los ciudadanos, sino como una contribución para la obtención de los fines esenciales del Estado, a través de los cuales se les imponen ciertas conductas, comportamientos o prestaciones de carácter público con fundamento en la Constitución y la Ley.
    En cuanto al deber de la persona y del ciudadano de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, éste debe hacerse dentro de conceptos de justicia y equidad tal como lo dispone el numeral 9 del artículo 95 Superior, quedando claro que dicha carga deber ser impuesta consultando las posibilidades económicas de los contribuyentes dado que esta exigencia constitucional tiene por objeto lograr un mayor grado de redistribución de la riqueza existente en nuestro país.
    En relación con el numeral 9° del artículo 95 de la Carta, esta Corporación en Sentencia C-741/99 M. P. Dr. Fabio Morón Díaz, sostuvo lo siguiente:
    “... El artículo 95 de la Constitución Política, que contiene los deberes de la persona y el ciudadano, establece como uno de ellos el consagrado en su numeral 9, que les impone, a título de obligación, la de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Es decir, que esa norma superior consagra el principio de reciprocidad que en el Estado social de derecho rige las relaciones que surgen entre los individuos y el Estado y entre éstos y la sociedad, principio sobre el cual ha dicho esta Corporación:
    “En la base de los deberes sociales se encuentra el principio de reciprocidad (C.N. art. 95). La Constitución reconoce a la persona y al ciudadano derechos y libertades, pero, al mismo tiempo, le impone obligaciones.
    “Los beneficios que representa para el individuo las relaciones conmutativas de la vida en sociedad deben ser compensados por éste a fin de mejorar las condiciones materiales y espirituales de la convivencia social y ampliar permanentemente el número de miembros de la comunidad capaces de gozar de una existencia digna (C.N. Preámbulo, arts. 1, 95, 58, y 333). En una sociedad pobre, la justicia distributiva no puede ser solamente cometido del Estado, sino actitud y práxis de todos, mayormente de los mejor dotados.
    “La filosofía moral que subyace al ordenamiento jurídico emerge con fuerza normativa vinculante cuando la Constitución faculta a las autoridades para exigir del individuo la superación de su egoísmo, mediante el cumplimiento de sus deberes y obligaciones (Corte Constitucional, Sentencia T-532 de 1992, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).”
    Por tanto el deber constitucional impuesto a los ciudadanos en el artículo 95-9 de la Carta Política, tiene como fundamento el principio de reciprocidad que rige las relaciones de los ciudadanos con el Estado y entre estos y la sociedad, a fin de equilibrar las cargas publicas que estructuran y sostienen la organización jurídico-política de la cual hacen parte, para armonizar y darle efectividad al Estado Social de Derecho. Pero dicho deber estará siempre enmarcado dentro de los principios de justicia y equidad.
    Sentencia C-1064 de 2001:
    “4.1.2. Algunas manifestaciones concretas del Estado Social de Derecho (…)
    Por otra parte, la efectiva realización del principio de Estado Social de Derecho presupone la obligación del pago de tributos por parte de los particulares. Tal conclusión se desprende del principio de solidaridad (artículo 1 C.P.) y del deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad (artículo 95 inciso 3 numeral 9 C.P.). Es precisamente en el contexto de toma de decisiones macroeconómicas y sociales que los distintos sectores de la población, en virtud del principio de solidaridad, asumen cargas públicas razonables para permitir que sectores excluidos puedan progresivamente ser incorporados al goce de los beneficios del progreso, lo cual sólo se puede lograr mediante la conciencia creciente de la necesidad de cooperar y actuar mancomunadamente para mejorar la calidad de vida de todos los colombianos y superar gradualmente las desigualdades presentes.
    A continuación se analizan cada uno de ellos:
    • 8.1. El concepto de rentas nacionales o ingresos públicos keyboard_arrow_down
    • 8.2. Definición de contribución. El principio de reciprocidad keyboard_arrow_down
    • 8.3. Conceptos, elementos del tributo, el sistema, el método y la tarifa keyboard_arrow_down
    • 8.4. De los impuestos keyboard_arrow_down
    • 8.5. De los aranceles keyboard_arrow_down
    • 8.6. De las regalías keyboard_arrow_down
    • 8.7. De las contribuciones parafiscales keyboard_arrow_down
    • 8.8. De los ingresos notariales keyboard_arrow_down
    • 8.9. De las tasas y el precio público keyboard_arrow_down
    • 8.10. De los fondos especiales. Con y sin personería jurídica keyboard_arrow_down
    • 8.11. De los recursos provenientes de la explotación de monopolios como arbitrios rentísticos keyboard_arrow_down
    • 8.12. De las estampillas keyboard_arrow_down
    • 8.13. Del arancel judicial keyboard_arrow_down
    • 8.14. Diferencias entre los impuestos y las regalías; las tasas y los ingresos parafiscales; y las tasas y los impuestos keyboard_arrow_down
  • CAPÍTULO 09 - DE LA CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO
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    CAPÍTULO 09 -DE LA CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO
    Se entiende por clasificación del presupuesto las denominaciones y formas de agrupación y presentación de los ingresos y los gastos.
    • 9.1. El clasificador presupuestal en la Constitución Política keyboard_arrow_down
    • 9.2. El clasificador presupuestal en la Ley Orgánica. Los viáticos y los gastos de viaje. Las indemnizaciones keyboard_arrow_down
    • 9.3. Las facultades de ubicación y de clasificar y definir los ingresos y los gastos keyboard_arrow_down
    • 9.4. Clasificador presupuestal en las entidades territoriales keyboard_arrow_down
    • 9.5. La clasificación del ingreso, la planeación del gasto y el endeudamiento keyboard_arrow_down
    • 9.6. Incidencias del clasificador del ingreso en los gastos keyboard_arrow_down
    • 9.7. Clasificación del anexo del decreto de liquidación keyboard_arrow_down
    • 9.8. Competencias para la expedición del plan de cuentas de gastos de personal y gastos generales keyboard_arrow_down
  • CAPÍTULO 10 - DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y EL SEGUIMIENTO FINANCIERO
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    CAPÍTULO 10 -DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y EL SEGUIMIENTO FINANCIERO
    • 10.1. De la definición de ejecución presupuestal keyboard_arrow_down
    • 10.2. Competencia para ejecutar el presupuesto keyboard_arrow_down
    • 10.3. Ejecución del presupuesto desde el punto de vista financiero keyboard_arrow_down
    • 10.4. Algunos antecedentes del Programa Anual de Caja y del control de los compromisos keyboard_arrow_down
    • 10.5. Facultad de la Tesorería de utilizar los recursos del crédito de acuerdo con las condiciones de liquidez keyboard_arrow_down
    • 10.6. Facultad de la Tesorería de elaborar un estado de resultados para efectuar las afectaciones presupuestales keyboard_arrow_down
    • 10.7. La ejecución del presupuesto desde el punto de vista sustancial keyboard_arrow_down
    • 10.8. De la capacidad de contratación, de ordenar el gasto y de comprometer el presupuesto keyboard_arrow_down
    • 10.9. Delegación de la firma en la capacidad de contratación keyboard_arrow_down
    • 10.10. La responsabilidad del delegante depende de su actuación keyboard_arrow_down
    • 10.11. De la solidaridad entre el delegante y el delegado keyboard_arrow_down
    • 10.12. De la capacidad de ordenar el gasto en las contralorías y personerías keyboard_arrow_down
    • 10.13. La autorización del cuerpo colegiado para celebrar contratos. De las autorizaciones del concejo para contratar keyboard_arrow_down
    • 10.14. De la delegación de la capacidad de comprometer el presupuesto entre entidades públicas keyboard_arrow_down
    • 10.15. Restricciones para comprometer el presupuesto keyboard_arrow_down
    • 10.16. Ejecución total del presupuesto keyboard_arrow_down
    • 10.17. Ejecución total de los recursos del crédito keyboard_arrow_down
    • 10.18. De la ejecución de recursos públicos a través de los organismos internacionales keyboard_arrow_down
    • 10.19. De los requisitos formales para ejecutar el presupuesto keyboard_arrow_down
    • 10.20. Las vigencias futuras y la viabilidad presupuestal keyboard_arrow_down
    • 10.21. Elaboración del plan de compras de bienes y servicios keyboard_arrow_down
    • 10.22. Del certificado de disponibilidad. Casos en que es posterior keyboard_arrow_down
    • 10.23. Del registro presupuestal y los ajustes a su valor real. El concepto y perfeccionamiento del compromiso keyboard_arrow_down
    • 10.24. De las obligaciones y los pagos keyboard_arrow_down
    • 10.25. Del rezago presupuestal, los anticipos y pagos anticipados keyboard_arrow_down
    • 10.26. Anticipos y pagos anticipados. Propiedad de los rendimientos obtenidos keyboard_arrow_down
    • 10.27. De los pagos keyboard_arrow_down
    • 10.28. La ejecución presupuestal y el artículo 355 de la Constitución keyboard_arrow_down
    • 10.29. Criterios para la asignación de aportes regionales keyboard_arrow_down
    • 10.30. De las modificaciones al presupuesto keyboard_arrow_down
    • 10.31. Modificaciones y sustituciones del presupuesto de ingresos. Los recursos y sus correspondientes códigos de identificación que aparecen con los clasificadores en el decreto de liquidación keyboard_arrow_down
    • 10.32. Modificaciones al presupuesto de gastos aprobado por el cuerpo colegiado keyboard_arrow_down
    • 10.33. Inconstitucionalidad de las autorizaciones para modificar el presupuesto keyboard_arrow_down
    • 10.34. Ajustes al presupuesto establecidos en el artículo 8º de la Ley 819 de 2003 keyboard_arrow_down
    • 10.35. Del concepto de créditos adicionales suplementales o extraordinarios y los traslados presupuestales keyboard_arrow_down
    • 10.36. Modificaciones al anexo del decreto de liquidación. Modificaciones internas ordenadas por la ley keyboard_arrow_down
    • 10.37. De las adiciones generadas por los contratos entre entidades públicas keyboard_arrow_down
    • 10.38. De las distribuciones y desagregaciones del presupuesto keyboard_arrow_down
    • 10.39. De las reducciones y aplazamientos del presupuesto. Sometimiento a condiciones especiales la asunción de compromisos keyboard_arrow_down
    • 10.40. Reducciones que se realizan antes de iniciar la ejecución del presupuesto. Las cuentas por pagar y el monto de la reducción keyboard_arrow_down
    • 10.41. Reducciones presupuestales ordenadas por la ley en las entidades territoriales keyboard_arrow_down
    • 10.42. El gobierno puede prohibir o someter a condiciones especiales la asunción de compromisos keyboard_arrow_down
    • 10.43. Del Fondo Interministerial keyboard_arrow_down
    • 10.44. De las responsabilidades administrativas en la ejecución presupuestal keyboard_arrow_down
    • 10.45. De las cajas menores keyboard_arrow_down
    • 10.46. De las facultades de corrección keyboard_arrow_down
    • 10.47. De las vigencias expiradas keyboard_arrow_down
    • 10.48. Del registro de las operaciones presupuestales. El Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) keyboard_arrow_down
  • CAPÍTULO 11 - DE LA TESORERIA NACIONAL
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    CAPÍTULO 11 -DE LA TESORERIA NACIONAL
    El Estatuto Orgánico del Presupuesto le otorga las mayores facultades de captación y colocación de recursos a la tesorería a fin de darles un adecuado manejo a los excedentes de liquidez, así como cubrir oportunamente los faltantes transitorios de liquidez.
    En esta tarea infortunadamente existe una gran confusión entre lo que son las operaciones de tesorería y las que financian el presupuesto.
    Las operaciones de tesorería hacen referencia a la colocación de los excedentes transitorios de liquidez y a la atención de los faltantes también transitorios ocasionados por una estacionalidad en el recaudo de los ingresos autorizados por la ley para financiar el presupuesto. La operación de tesorería por definición no puede superar el año, no calendario, pues los recursos fueron creados por la ley para atender los gastos de la Administración y no para realizar inversiones permanentes, salvo que se trate de la constitución de reservas técnicas con ellos.
    Las operaciones presupuestales son aquellas que autorizan el uso de los recursos para el financiamiento de los gastos del Estado o para la constitución de reservas técnicas que protegen futuros gastos de este. Las inversiones financieras a largo plazo implican el uso de los recursos, son idénticos a la constitución de una reserva técnica y por ello requieren de la respectiva autorización legal y de la apropiación presupuestal correspondiente.
    Cabe decir que la ley del mercado, es decir, la presunta facilidad con la que se negocian las inversiones no determina la necesidad de operación presupuestal así como tampoco define si se trata de una operación de tesorería o presupuestal. No hay duda de que la adquisición de un vehículo se debe presupuestar porque implica un uso de los recursos así se venda durante la vigencia fiscal.
    En la práctica las operaciones de tesorería poco o nada se diferencian de las presupuestales. En efecto, los excedentes transitorios de liquidez son invertidos a largo plazo y sometidos a las volatilidades del mercado e inclusive se llega al absurdo de obligar al administrado a vender los títulos para cumplir con las exigencias de inversión en los mismos títulos de tesorería. Esta última observación se fundamenta en un concepto expedido por el coordinador de Asuntos Legales de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional que en su parte pertinente dice:
    CONCEPTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO DEL 19 DE ENERO DE 2006-07-02
    “Como se aprecia, frente a situaciones en las cuales la entidad requiera liquidez para atender sus diferentes compromisos de gasto en desarrollo de las apropiaciones existentes, lo procedente no es deducir el monto de las exigibilidades inmediatas de recursos de la base sobre la cual se debe efectuar la inversión forzosa, sino por el contrario acudir al mecanismo de la liquidación de las inversiones constituidas según las voces de los citados artículos, caso en el cual, la obligación de gasto deberá ser atendida dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes a la realización de la inversión, salvo en el caso consagrado en el artículo tercero Ibidem.”
    En cuanto a los plazos el Decreto 1337 de 1999 dispone:
    DECRETO 1337 DE 1999
    “Artículo 1º. El artículo 1º del decreto 980 de 1999 quedará así:”
    “Artículo 1º. Dentro de las inversiones que la Dirección del Tesoro Nacional podrá autorizar a los establecimientos públicos del orden nacional, para cumplir con la inversión obligatoria a sus excedentes de liquidez originados en sus recursos propios o administrados, podrán estar la adquisición de títulos emitidos por el fondo de garantías de instituciones financieras, Fogafín, y la constitución de certificados de depósito a término y bonos emitidos por los establecimientos bancarios, las corporaciones de ahorro y vivienda y las corporaciones financieras, todas de carácter público. Estas inversiones tendrán un plazo máximo de dos (2) años.”
    • 11.1. Decretos que regulan la tesorería y la cuenta única nacional keyboard_arrow_down
  • CAPÍTULO 12 - DEL CRÉDITO PÚBLICO
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    CAPÍTULO 12 -DEL CRÉDITO PÚBLICO
    • 12.1. De las normas sobre las operaciones de crédito público keyboard_arrow_down
    • 12.2. De la comisión interparlamentaria de crédito público keyboard_arrow_down
    • 12.3. Las entidades territoriales están sometidas a la ley en materia de crédito público keyboard_arrow_down
    • 12.4. Los créditos territoriales deben ser autorizados por las asambleas o los concejos y por el Ministerio de Hacienda keyboard_arrow_down
    • 12.5. Todas las entidades autónomas deben solicitar autorización en materia crediticia keyboard_arrow_down
  • CAPÍTULO 13 - DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO
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    CAPÍTULO 13 -DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO
    • 13.1. Del control fiscal en el presupuesto. El concepto del presupuesto general del sector público keyboard_arrow_down
    • 13.2. Del presupuesto general del sector público y del presupuesto general de la Nación keyboard_arrow_down
    • 13.3. Del control de la Contraloría General de la República en las entidades territoriales keyboard_arrow_down
    • 13.4. Del control político. De la cuenta general del presupuesto y del tesoro keyboard_arrow_down
    • 13.5. El control ciudadano keyboard_arrow_down
    • 13.6. Del seguimiento financiero del presupuesto keyboard_arrow_down
  • CAPÍTULO 14 - DE LAS NORMAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO
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    CAPÍTULO 14 -DE LAS NORMAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO
    Las normas de austeridad del gasto público referidas a decretos en este capítulo fueron compiladas en el Decreto 1068 de 2015.
    • 14.1. Austeridad en normas de personal keyboard_arrow_down
    • 14.2. Austeridad sobre agasajos públicos y gastos suntuarios keyboard_arrow_down
    • 14.3. Austeridad sobre vehículos oficiales keyboard_arrow_down
    • 14.4. Austeridad sobre comisiones al exterior keyboard_arrow_down
    • 14.5. Austeridad sobre contratación administrativa keyboard_arrow_down
    • 14.6. Austeridad sobre publicidad y publicaciones keyboard_arrow_down
    • 14.7. Austeridad sobre asignación de celulares keyboard_arrow_down
    • 14.8. Autorización sobre aceptación de cargos y honores keyboard_arrow_down
    • 14.9. De los informes de control interno sobre austeridad en el gasto público keyboard_arrow_down
  • CAPÍTULO 15 - PARTICULARIDADES DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO Y DE LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA CON RÉGIMEN DE EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
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    CAPÍTULO 15 -PARTICULARIDADES DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO Y DE LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA CON RÉGIMEN DE EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO.
    Las empresas industriales y comerciales del Estado y sus asimiladas corresponden a un nivel de descentralización administrativa mediante el cual el Estado interactúa en el mercado, de tal forma que deben gozar de una normatividad que les permita competir.
    Son asimiladas al régimen de empresa industrial y comercial del estado las sociedades de economía mixta y las empresas de servicios públicos domiciliarios en cuyo capital la nación o sus entidades descentralizadas posean el 90% o más de su capital, y las empresas sociales del estado que constituyan una categoría especial de entidad pública descentralizada.
    El Estatuto Orgánico del Presupuesto las diferencia en aquellas dedicadas a actividades financieras y las dedicadas a actividades no financieras.
    Le corresponde al Ministro de Hacienda y Crédito Público establecer las directrices y controles que deben cumplir las empresas industriales y comerciales del Estado y sus asimiladas, dedicadas a actividades financieras en la elaboración, aprobación, conformación y ejecución de sus presupuestos, facultad esta que puede ser delegada en la Superintendencia Bancaria conforme se desprende de lo dispuesto en el artículo 96 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.
    • 15.1. De las empresas industriales y comerciales del Estado y sus asimiladas dedicadas a actividades financieras keyboard_arrow_down
    • 15.2. De las empresas industriales y comerciales del Estado y sus asimiladas dedicadas a actividades no financieras keyboard_arrow_down

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